El marasmo de la corrupción, del tráfico de influencias, de la mala gestión, de los abusos de poder y la utilización inadecuada de fondos públicos en realidad inexistentes y financiados con deuda pública no parece tener límite. España y Europa se parecen cada vez más a un gran pantano lleno de fango y podredumbre en el que desaparecen la moral, los valores y el dinero.
Llevamos años, si no décadas, leyendo y escuchando noticias sobre casos de corrupción. No en vano España aparece en el mapa mundial de la corrupción casi al mismo nivel que los países del este. Y poco debe importar a los corrompidos la marcha del país mientras que consiguen vivir bien a costa del erario público. Todo parece un escenario formado por buitres, hienas y chacales.
Los casos más recientes han sido los descontroles en Castilla-La Mancha (68 coches oficiales puestos en venta, cientos de iPhones no devueltos por antiguos cargos públicos socialistas...) y los negocios de Pepiño Blanco hechos en una gasolinera.
Cada día salen a la luz más detalles sobre el caso Urdangarín, como extensión del caso Palma Arena. Tras saberse que una de sus empresas obtuvo de forma presumiblemente irregular la adjudicación de dos congresos por parte del penúltimo gobierno balear presidido por el pepero Jaime Matas por valor de 2,3 millones de euros, han aparecido más contratos incluso más sustanciosos, gracias a las buenas relaciones entre los Duques de Palma y el antiguo gobierno pepero de las islas.
Algunos quieren culpar de ello a la Monarquía, pero la Monarquía poco tiene que ver con esto. Más bien es lo que pasa que un alto nivel de vida al que un plebeyo de una familia conservadora nacionalista vasca catapultado a consorte de una Infanta de España implica muchos gastos, y qué mejor solución que la de aprovechar un poco la posición privilegiada de un miembro de la Familia Real para hacer negocios.
El problema no es tanto que el plebeyo vasco aprovechara sus influencias o las de su real esposa para ganar elevadas sumas de dinero por servicios relacionados con el deporte, sino más bien que un gobierno elegido democráticamente y dirigido por un miembro de un partido llamado ahora a arreglar el desaguisado económico-financiero de España haya consentido, gestionado y/o facilitado que se pagaran sumas elevadísimas por servicios de dudosa rentabilidad a un consorte de una infanta saltándose todas las reglas de equidad en la adjudicación de contratos mediante concursos manipulados de antemano, como parece ser la situación si no d etodos, al menos de algunos de estos negocios entre el gobierno balear y el consorte plebeyo de la Infanta.
Igualmente lamentable es que el sucesor socialista en el cargo mantuviera el silencio sobre este asunto, aunque al menos no aprobó la renovación de tales negocios con la familia Urdangarín y sus socios.
Lo más grave del asunto es que por el tráfico de influencias, que parece tan obvio, se haya privado a otras empresas poder obtener los contratos y ganar honradamente dinero con los servicios prestados. Y la guinda es que un hombre que vive muy bien de la Monarquía, aunque indirectamente, y su real esposa se hayan prestado a hacer tales negocios, cuando tenían que ser conscientes de las repecusiones que ello tendría al conocerse las circunstancias. ¿O eran tan membrillos de creer que todo se había hecho tan meticulosamente que nunca se sabrían lor pormenores de esas curruptelas? Porque obtener contratos públicos millonarios simplemente por ser del estamento más alto del estado y no por conurrir en igualdad de condiciones con otras empresas del sector es ser corrupto, al menos moralmente, aún cuando se asegura la legalidad formal de los asuntos.
Pero no es la primera vez que miembros de la Familia Real hayan descuidado la imagen de la institución que representa, salvo S.M. la Reina, que es una Reina como Dios manda, aunque también tenga sus más y sus menos si pensamos en su pertenencia al Club Bilderberg, una organización que no se caracteriza precisamente por ser monárquica.
Ahora va a ser difícil evitar que la imagen y el prestigio de la Corona se vean perjudicados. La Casa Real española es la menos costosa de todas las Monarquías europeas, y los negocios del consorte de la Infanta Doña Cristina suman mucho más que el presupuesto anual de la Casa Real. Pero la implicación directa o indirecta de una Infanta de por sí es bastante grave y compromete mucho a S.M. el Rey, quien tendrá que dar explicaciones sobre el caso cuando se sepan los detalles últimos. Lo malo es que no podrá distanciarse se su propia hija y tendrá que ver cómo se arregla un asunto que hará mucho daño a la Monarquía por ser como agua de mayo para las decadentes fuerzas republicanas de España que sólo esperaban un manjar como este para arremeter contra la institución monárquica, como si la república fuese la solución a todos los males. No olvidemos que repúblicas como Italia y Grecia tienen problemas aún mayores y que el problema verdadero de toda la crisis son los políticos.
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