El nuevo debate sobre las pensiones y la edad de jubilación está ocupando a todos nuestros medios de comunicación y sirve para el populismo barato de los partidos de la oposición. Sin embargo, nadie parece caer en la cuenta de que la discusión será por sí misma infructuosa y no aporta ideas nuevas para solucionar la problemática de la financiación de las pensiones.
Desde hace décadas se discute en varios países europeos occidentales sobre el futuro de nuestras pensiones. El mayor problema consiste en que el creciente envejecimiento de la población hace inviable el actual sistema de financiación, basado en financiar las pensiones corrientes con las cotizaciones corrientes de los trabajadores en activo.
El problema se conoce, por tanto, desde hace veinte o treinta años. Antaño, el sistema de financiación era viable, porque la proporción entre la tasa de natalidad y la tasa de pensionistas mantenía siempre una balanza a favor de la población activa.
El principal error ha sido desde siempre que se financiaran las pensiones de la Seguridad Social con las cotizaciones entrantes. Se trata de un sistema de un día para otro, pero sin garantizar el futuro de las pensiones. Por otra parte, el cálcvulo de las pensiones se realiza como si de un seguro de vida se tratare, tomando como base las cotizaciones y las revalorizaciones del saldo acumulado, pero sin que ello implique realmente una especie de ahorro a largo plazo como debería ser.
Además, este sistema, que se rige por una serie de baremos en función de la cuantía y los años de la cotización, es sumamente injusto al limitar las cuantías máximas de las pensiones sin tener en cuenta la cantidad que se ha cotizado, mientras que por otra parte se establecen pensiones mínimas que, al menos en el pasado, ni siquiera respondían a las cotizaciones y los años de cotización, aunque ello resulta ser aceptable como medida social para evitar la miseria.
Ahora nos dicen los defensores de los derechos sociales liderados por Zapatero que se amplía la edad de jubilación hasta los 67 años, lo que se justifica, entre otras, con la mayor esperanza de vida de la poiblación en general. Pero lo que no nos cuentan es que no se trata tanto de impedir que la gente no se jubile antes, sino que esta edad mínima para jubilarse implica menores baremos de cálculo de las pensiones, pues al no cotizar hasta los 67 años, cuando alguien se jubila antes no llega al cien por cien de la pensión que le correspondería, siendo otro factor determinante el mínimo de años trabajados para poder alcanzar el cien por cien de la pensión (que según el país se suele mover alrededor de los 40 años de cotización).
Un problema añadido es que no existen puestos de trabajo suficientes para que toda la población activa pueda ganarse un sueldo y cotizar a la Seguridad Social. El llamar a tener más hijos para que pese más la población activa que la población jubilada es un error grave, ya que por ahora no parece que la economía vaya a necesitar más trabajadores, sino más bien menos, de modo que no puede salir el cálculo de las cotizaciones futuras.
Sólo tenemos que pensar en la tasa de desempleo actual, que supone un elevadísimo costo para el sistema de Seguridad Social. Que a causa de la crisis cinco millones de personas hayan dejado de cotizar implica grandes pérdidas para las arcas de la Seguridad Social que difícilmente se pueden recuperar a corto plazo.
Para los políticos gobernantes es fácil establecer las nuevas reglas de jubilación, ellos nunca tendrán problemas ni de edad de jubilación ni de pensiones, ya que cobrarán el total de sus pensiones especiales de diputado en cuanto hayan cumplido dos legislaturas en un escaño parlamentario.
En realidad, el quer estuvo bien encaminado fue el anterior presidente del gobierno, José María Aznar, al establecer la creación de reservas de pensiones que gracias a los superávits de la Seguridad Social iban creciendo y creciendo. Pero mucho me temo que estas reservas vayan a ser dilapidadas por los socialistas, algo de lo que entienden más que nadie.
Lo que se tendría que haber hecho en la Unión Europea hace al menos veimnte años es haber unificado los sistemas de seguridad social, especialmente él de pensiones, y transformarlos en una especie de plan de pensiones garantizado con revalorización constante, creando así reservas individuales para cada uno de los cotizantes. De haber actuado así, se podría haber sustituido el sistema antiguo de forma paulatina por el nuevo, primero a partir de los nuevos cotizantes y luego transformando las nuevas cotizaciones de los trabajadores ya existentes reemplazando sus derechos adquiridos por fondos de reserva financiados con los posibles superávits del seguro de pensiones de cada sistema de seguridad social. Las pensiones en curso se tendrían que haber financiado, mientras tanto, con cargo a los presupuestos generales para noi gravar las cotizaciones actuales de la población activa, ya que de cualquier forma el déficit del sistema implica que sea cubierto por los presupuestos generales.
Tras veinte años, hoy dispondríamos de un sistema bastante saneado y revalorizado sin que importe lo que puede pasar en el futuro, pues al existir fondos individuales para todos los cotizantes, daría ogual si la proporción entre trabajadores en activo y jubilados fuese del 50:50 o del 25:75. Y otro problema: ¿Qué empresa emplea a mayores de 60 años? ¿Acaso se ha progresado en las cuestiones de inserción de desempleados mayopres de 50 años durante este período de gobierno de los socialistas?
La realidad es otra muy diferente, y como demuestra el debate levantado por Cero Zapatero, lo dicho por él y sus camaradas no aporta absolutamente nada de utilidad, sólo incertidumbre.
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