La reforma laboral aprobada por el partido gubernamental PSOE gracias a la abstención de los nacionalistas (sin duda conseguida a cambio de algo), no supone realmente ningún avance en la política de empleo, sino más bien favorece la picardía de algunos empresarios, que ahora podrán despedir más barato con sólo estimar que van a tener pérdidas, por lo que aumentará la tasa de desempleo aún más en lugar de reducirse. Por lo demás, pocas novedades hay que podrían mejorar la situación laboral en España.
El sistema actual de protección del empleo es, básicamente, una herencia del franquismo y podía tener su justificación en otros tiempos, cuando el empleo en España presentaba mucha más precariedad que hoy, entre otras razones debido al aislamiento de España por una parte y al subdesarrollo industrial por otra, superado sólo a partir del desarrollo del turismo a partir de los años sesenta y setenta.
El proteccionismo laboral presenta más inconvenientes que otra cosa. El sentirse seguro en el empleo simplemente por ser la ley favorable al trabajador despedido y desfavorable para el empresario por obligarle al pago de elevadas indemnizaciones conlleva, en muchos casos, una merma de la productividad y una escasa disposición a la movilidad laboral. Por añadidura, la seguridad en el empleo lleva a muchos trabajadores a no hacer absolutamente nada por mejorar sus conocimientos profesionales o por esmerarse en la calidad de su trabajo. Por consiguiente, este proteccionismo laboral protege a los ineptos, mientras que los buenos trabajadores realmente nunca tienen que temer por no tener trabajo.
Como se puede observar en otros países sin este proteccionismo laboral heredado de otros tiempos, una mayor flexibilidad en el empleo con menos indemnizaciones y garantías contra el despido no supone en absoluto una desventaja para los trabajadores, sino todo lo contrario. En Dinamarca, por ejemplo, no existen verdaderos problemas de desempleo. Allí los buenos trabajadores, los que prestan sus servicios con aplicación y flexibilidad, no tienen que temer por su empleo, y las empresas desde luego no van a despedir a quien les presta buenos servicios.
Por otra parte, el proteccionismo laboral es claramente injusto, porque no rige para nadie más que para los trabajadores por cuenta ajena, mientras que los trabajadores por cuenta propia no cuentan con ningún tipo de protección. Los escasos esfuerzos hechos en España desde 1996 por ofrecer a los autónomos un poco más de protección, como por ejemplo la baja remunerada por enfermedad, se han quedado muy lejos de la protección que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena. Esta situación resulta inverosímil en tiempos en los que el gobierno da tanta importancia a la igualdad.
La reforma laboral, que realmente es sólo una flexibilización del despido en beneficio de los pícaros y no un instrumento eficaz de creación de empleo, es una muestra más de la improvisación de este gobierno, incapaz de dar con soluciones razonables para luchar contra la crisis económica.
Está claro que la flexibilización del empleo tanto para la contratación como para el despido exige que se proceda de forma estructurada y escalonada, entre otras para no provocar de repente un despido masivo de trabajadores mayores de cincuenta años sin ninguna protección, precisamente por la picardía de algunos empresarios para deshacerse cómodamente de compromisos adquiridos en el pasado. Pero la reforma tiene que tener por objetivo principal un cambio en la mentalidad de trabajadores y empleadores, acompañado de medidas concretas de mejora del mercado laboral.
No existe en España un sistema eficaz de formación laboral, como es habitual en Centroeuropa desde la edad media. A este respecto no ha habido más que declaraciones de voluntad simulada desde tiempos de Felipe González, pero nadie ha hecho el esfuerzo por poner en práctica tales planes.
Tampoco la oferta de formación universitaria se ha adecuado a las posibilidades reales del mercado laboral en España, y no será hasta dentro de varios años que al menos se note una modernización de la educación académica, que de todas formas seguirá estando marcada por un sistema obsoleto de aprendizaje y enseñanza heredado de los años cincuenta.
En España la política es irracional. Los políticos dedican todo su tiempo y sus esfuerzos a cuestiones puramente ideológicas, a políticas de exclusión y de limitación de la actividad económica. La imposición lingüística implica una traba importante al desenvolvimiento de las empresas en algunas regiones españolas e implica la deslocalización, el desánimo y la huida de mano de obra cualificada hacia regiones o países sin tales imposiciones. La ineficacia de la administración pública, que disfruta de aún más protección laboral, y la mayor presión fiscal sin ofrecer ningún tipo de contraprestación para mejorar las condiciones de vida, contribuyen adicionalmente al desánimo entre los ciudadanos.
Frente a la improvisación, sólo Ciudadanos (C's) propone soluciones eficaces a todos estos problemas. Lo que no han entendido los políticos de España es que se trata de ocuparse de problemas que nos ocupan a todos, de defender la igualdad de derechos de los ciudadanos y plantear una alternativa a la actual clase política tradicional obsesionada sólo con conservar su cuota de poder.
Regeneración de la política significa actuar con sentido común e ideas claras. Por eso hay que rechazar esta reforma laboral por ser una improvisación más de este gobierno, ineficaz para solucionar los problemas actuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario